Últimamente los barómetros del CIS nos dan sorpresas bastante desagradables y el conocido ayer no es una excepción. Que el 40% de los ciudadanos considere que la corrupción y el fraude en España es el segundo problema del país, no es un dato anecdótico, ni mucho menos. En los últimos meses entre el caso Bárcenas, el caso Noos y el caso Blanco, los ciudadanos perciben que hay algo más que picaresca en la actuación en la vida pública, y no es para menos… Ya he comentado lo que pienso de Bárcenas y de su concepción de la lealtad a su partido, y por tanto a los ciudadanos. Pero sigue calentando el ambiente con denuncias que son intolerables por ser una clamorosa burla social: denuncia al PP por «maltrato laboral». No logro entender cómo no se le cae la cara de vergüenza al haberse aprovechado del partido hasta hacerle un daño de muy difícil reparación y encima, utilizar subterfugios legales como si fuera un trabajador de base al que se hubiera despedido injustamente… Estas denuncias, hechas en un contexto de hartazgo y de sufrimiento de muchos ciudadanos, son las que están haciendo tanto daño a la imagen de la actividad pública. Por eso hacen bien quienes inicien las actuaciones judiciales pertinentes para defenderse o para defender el nombre de la organización.
Hay que esperar a lo que diga el juez, pero en los tres casos aludidos, los indicios son tan demoledores, que hay un cierto clima de juicio popular ya realizado. No es lo legal ni lo justo, pero es inevitable. Los ciudadanos, que tanto están arrimando el hombro para sacar al país de la crisis, no pueden tolerar que estos, «presuntos» golfos, hayan campado por sus fueros arrasando con todo lo que se ponía a su paso.
España tiene un gran problema: el paro. Pero para superarlo es necesario que se genere confianza en el país, en su tejido laboral, en su economía y en el orgullo de nación. Para lograrlo juega un papel determinante la limpieza en la gestión pública y privada; erradicar con contundencia cualquier atisbo de duda es ya una necesidad. Quién ha metido la mano en la caja no tiene excusa y debe ser expulsado de la vida social y castigado por la ley de forma contundente, porque son estafadores sociales, personas que dañan a otras personas, que lesionan la imagen del país y de la vida de todos los españoles. Los episodios que estamos viviendo no pueden repetirse y es una obligación de todos, de absolutamente todos, contribuir a erradicarlo. El corporativismo no puede existir por más tiempo. Nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a las futuras generaciones que, en buena medida, vivirán de lo que ahora sembremos… Tolerancia cero y actuaciones ejemplares han de ser pautas de comportamiento que no deben admitir excepción alguna. El que la hace, debe de pagarlo. Y bien pagado, si lo que queremos es hacer un bien a España.
