Soltar amarras con los monopolios.

El periódico “El Mundo” publicaba ayer que las petroleras que operan en España aumentaron su margen de beneficio en plena crisis un 20%… No tengo nada que objetar a que las empresas mejoren sus resultados, porque generan riqueza y es fundamental que logren beneficios, pero no dejo de pensar que en este caso lo hacen a costa de estrangular a los ciudadanos y a muchos profesionales con la complicidad de los gobiernos de muchas décadas.
En plena crisis, cuando el consumo está bajo mínimos, los precios de los combustibles en España siguen su escalada ascendente sin que parece que haya límites. La excusa es la de siempre, el cambio del dólar, el aumento de precio del barril, el marcado de futuribles… Sin embargo cuando todos estos parámetros son a la inversa, los precios no bajan o lo hacen mínimamente. Cada vez que esta situación se denuncia, el Gobierno de turno dice que lo está estudiando y que va a liberalizar el mercado para evitarlo, pero la realidad es que el tiempo pasa y nada cambia.
La causa es evidente. El gran mercado de los combustibles se lo reparten en España Repsol, Cepsa y Bp, que tienen casi el 80% de las gasolineras. Pero no sólo controlan la distribución, sino también la producción y el refinado de los productos petrolíferos. No es una casualidad que casi todas ellas aplican el tope máximo de los precios recomendados, porque con el precio palían el descenso de las ventas, de forma que el mayor margen aseguran una mejora de los beneficios borrando de un plumazo el factor positivo que para los ciudadanos supone la libre competencia.
De una vez por todas los poderes públicos deben dejar de ceder ante el poder omnímodo de las petroleras y apostar por un mercado de venta de productos más amplio, propiciando una competencia que en la práctica ahora no existe. El resultado sería el beneficio para el consumidor en un doble frente: en el consumo directo por el uso de su propio vehículo, y en el precio de todos los productos que implican el uso del transporte. Para muchas empresas sería un alivio en la cada vez más abultada cuenta de gastos por transporte.
El Gobierno no puede esconder más la cabeza en un sector tan importante como el de la energía y debe acabar con los monopolios que en la práctica se dan en los combustibles y en la electricidad. Es una reforma que no puede esperar por más tiempo y con la que el Gobierno viene amagando, pero con la que no acaba de dar.