¿Quién ampara la conducta de los manifestantes «profesionales»?

No pueden ser más oportunas las declaraciones del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, al considerar inaceptables las protestas en la calle por el descontento social, para intentar deslegitimar las instituciones democráticas. Son palabras llenas de sensatez y de sentido común, porque algunas cosas que estamos viendo en los últimos tiempos nos hacen pensar en que nos hemos vuelto todos un poco locos.
En un país libre, el derecho a expresar las discrepancias públicamente está reconocido. La misma libertad que los ciudadanos poseen cada cuatro años para con su voto: quitar y poner fuerzas políticas en el Gobierno. Es la esencia de la democracia, que es la que nos ha permitido la convivencia en paz y libertad. Hay unas reglas del juego (también sancionadas por los ciudadanos a través de las instituciones), que son de obligado cumplimiento y hay una autoridad, democráticamente establecida, que tiene el deber y la obligación de velar por el orden y por la libertad de todos.
Bajo el derecho de protesta no se puede pedir la desaparición de las normas democráticas e instaurar el asamblearismo como régimen político. No se puede consentir que unos pocos miles de ciudadanos con evidentes ganas de bronca traten de abolir la institución que han elegido decenas de millones de españoles. Ni se puede tolerar que sea la policía la que esté bajo sospecha por intentar aplicar la ley tal y como está escrita. La policía no va haciendo cargas ciudadanas así como así, ni busca coartar la libertad de nadie. La policía es la garantía del orden y parece mentira que formaciones como la Izquierda Plural haya veces que lo cuestione o, lo que es más grave, que el PSOE coquetee con estas posiciones.
Hay gran descontento social. Es un hecho. Hay razones para ello porque a nadie le gustan los recortes, pero una cosa es el descontento y otra el disturbio y la provocación. No va a la manifestación en son de paz quien lleva la cabeza tapada y los bolsillos llenos de piedras. No va en son de paz quien insulta y arranca las vallas de protección. Tampoco quien utiliza los mástiles de banderas inconstitucionales como estoque contra la policía. Todo eso lo hemos visto y somos muchos quienes hemos sentido vergüenza de que hayan encontrado el amparo, la comprensión y la complicidad de sectores políticos muy concretos y el altavoz mediático de la televisión en directo. Nada de esto beneficia la marca España y ése, precisamente, es un bien que cada vez deberíamos proteger más si queremos salir de ésta.