La realidad a menudo supera a la ficción. Lo hace todos los días en los más variados campos: los sucesos, la política, las relaciones personales o la economía… Son hechos que acontecen y que llegan a superar todo lo que podemos imaginar. Sin embargo, se dan y nos dejan con la boca abierta.
Ayer nos enteramos que María Dolores Amorós, la ex directora general de la CAM, se había apuntado a las listas del Inem, paso previo para solicitar la prestación por desempleo. Nada que objetar para una persona que ha cotizado y que ahora no trabaja porque la han despedido. Pero es que la situación de esta ex-directiva bancaria no es la de un trabajador común o la de un directivo que pierde su trabajo por culpa de la crisis, es muy diferente… Resulta que el fracaso en su gestión al frente de la entidad, que tuvo que ser intervenida por el Banco de España ya que en marzo acumulaba pérdidas de 1.136 millones de Euros, no le impidió fijarse hace un año un sueldo de 593.000 €, y un derecho a una pensión anual vitalicia de 370.000. Ha sido despedida de forma fulminante y ahora puede optar a un paro de 1.400 € mensuales.
Con independencia de las investigaciones que tiene abiertas anticorrupción y las responsabilidades a las que hubiera lugar por su presunta mala gestión, hay algo que no está bien en los mecanismos de prestación social que se dan en España. Estamos ante uno de los capítulos más gravosos del gasto social, la prestación que se da a los desempleados, el paro y aquellos subsidios que se otorgan a quienes no consiguen subirse de nuevo al carro de la vida laboral. Un gasto social imprescindible para muchos en un momento en el que la realidad es que no hay trabajo, pero que se presta a la picaresca en otras muchas situaciones. No pongo en duda que la mayoría de españoles lo que desearían es abandonar las listas del paro y pasar a engrosar las de la población activa, con un puesto de trabajo que asegurara sus vidas y las de sus familias. Pero otros muchos utilizan este gasto social en fraude, para mantener actividades de economía sumergida que hurtan la fiscalidad correspondiente y nos empobrecen a todos un poco más.
El sistema es válido, pero necesita correcciones, son las necesarias reformas estructurales que exigen valentía y audacia para acometerlas, pero que deben ser hechas para asegurar el futuro de la gran mayoría. Personas que como Amorós tienen a sus espaldas la sospecha de un auténtico saqueo, con la certeza de que han estado percibiendo sueldos astronómicos, no pueden ser ciudadanos bajo sospecha y beneficiarse de un sistema que debe proteger a los más débiles. Ellos no lo son, y además han sido muy dañinos para la sociedad. Tampoco tiene sentido que no haya una prestación social por parte del ciudadano por el hecho de percibir el paro, porque dignificaría a la persona que lo recibe y además limitaría la proliferación de una economía sumergida, que es “pan para hoy y hambre para mañana”…
