Cuando en 1999 el Tribunal Supremo condenó al juez Javier Gómez de Liaño por prevaricación en el caso Sogecable, negándole incluso el amparo el Tribunal Constitucional, la prensa de izquierdas celebró la sentencia y dictaminó la buena salud de la justicia española que era capaz de condenar a uno de los suyos.
Ayer el Tribunal Supremo, por unanimidad, condenó a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación al ordenar las escuchas en la cárcel entre los procesados y sus abogados en el caso Gürtel. La sentencia en este Caso ya no demuestra la buena salud de la justicia, sino que cuestiona el estado de la misma. Esta es la doble vara de medir de la izquierda en España, la doble moral que de una vez por todas debiera desaparecer de la esfera política.
Ya es bastante triste que un juez haya sido condenado por prevaricación. La sentencia es tan contundente, que pone de manifiesto que el magistrado se saltó todas las garantías procesales de los imputados y de sus abogados, actuando como se hace en los estados totalitarios, aquellos en los que el fin justifica los medios. Para nada se tiene en cuenta el argumento de que con las escuchas se trataba de prevenir un delito mayor. Cualquiera sabe, también el ex-juez Garzón, que lo más importante de un Estado de Derecho es garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, en cualquiera que sean sus circunstancias. Lo contrario es generar un estado de indefensión, que sólo pensarlo pone los pelos de punta.
Garzón ha jugado con fuego y se ha quemado. Ha pensado que su popularidad y su cercanía al PSOE le permitían licencias que no estaban al alcance de otros jueces. Ha quedado demostrado que aplicó la ley a capricho y eso es intolerable en un juez. No puede ser que porque el Caso Gürtel sea un asunto que toca de lleno al PP, se apliquen medidas que violan las garantías de los afectados, todo para intentar conseguir unas pruebas que dañaran irremediablemente el prestigio de una formación política… No puede ser que un juez en el ejercicio de sus funciones esté al servicio de un determinado partido político, porque eso supone la quiebra de la imparcialidad, del Estado de Derecho y de la garantía jurídica de los ciudadanos.
El PSOE ha hecho público un comunicado en el que se muestra muy preocupado por la condena que el Tribunal Supremo ha impuesto a Garzón. Lo más curioso es que los socialistas no se muestren preocupados por el hecho de que un juez no haya podido respetar las más elementales normas de las garantías procesales de los imputados. Un juez no debe distinguir procesados de uno u otro signo político, debe saber de garantías de las personas y es tremendo que un partido político no sea capaz de entender esta premisa.
En 2008 el Tribunal de Estrasburgo anuló la sentencia condenatoria de Gómez de Linaño y le devolvió la condición de juez. Los socialistas, entonces, no dijeron nada…
