Suficientemente elocuentes son los datos facilitados ayer por el Secretario de Estado de Administraciones Publicas, Antonio Beteta, quien entre otras cosas dijo que hay ayuntamientos en España que tardarían mas de 7.000 años en devolver el crédito ICO que piden, para acogerse al Plan de Pago a Proveedores que se está tramitando. No es sólo un ayuntamiento el que presenta datos impensables, hay otro en Teruel que tardaría más de 400 años. En fin, una situación que si no fuera tan dramática pensaríamos que entra en la antología del esperpento…
El ayuntamiento de los 7000 años al que se ha referido Beteta es el de Pioz, en Guadalajara. Tiene 3.500 habitantes y debe nada más y nada menos que 16 millones de euros. La situación es tan escandalosa que además de las facturas que se acogen al plan, hay otras por varios millones que no están en él. Lo más grave, es que nadie ha sido capaz de controlar los desatinos de muchos rectores municipales y han permitido situaciones que en muchos casos rozan lo delictivo.
De poco le va a servir a la actual alcaldesa de Pioz, del PP, la reiterada denuncia sobre la desastrosa gestión del anterior consistorio, porque aquí nadie responde de estos derroches. Por eso hay que saludar que el Gobierno se meta de hoz y coz para evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Creo que acierta el Ministerio de Administraciones Publicas al poner sobre la mesa de trabajo un proyecto para determinar claramente las competencias de los municipios como prestadores de servicios, así como los requisitos que deben cumplir para poderlas prestar. Para muchos demagogos esta medida lo que trata de hacer es crear municipios más grandes por decreto y nada más lejos de la realidad. Lo que no se puede consentir es que las cosas sigan como hasta ahora, con un cierto libre albedrío y prestar competencias impropias y que ya hacen otras administraciones. La agrupación de municipios será voluntaria, aunque es verdad que tendrán que llegar a ella para poder cumplir las exigencias que se van a reglar, vamos lo que dicta el sentido común. Se impone la lógica, la exigencia de prestar servicios concretos por cada instancia administrativa y ya está bien de sostener estructuras como las mancomunidades, que asumen competencias que ya prestan las diputaciones. Si a todo esto añadimos que de los más de 4.700 municipios que se han acogido al Plan de Proveedores, más de 2000 no ha presentado el plan de ajuste de gasto que se pedía, nos daremos cuenta que hay muchos responsables políticos que se resisten a perder la cuota de poder que tratan de mantener a toda costa y que tanto daño a hecho a la gestión de este país nuestro.
